La crisis del COVID 19 encarna uno de los desafíos más grandes que ha  enfrentado la ciudadanía y las diversas organizaciones que componen la sociedad civil a nivel global desde la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy, la citada crisis ha contagiado a más de un millón y medio de individuos en todo el mundo. Además y desafortunadamente, la enfermedad ha provocado más de ochenta y cuatro mil muertes, dejando un rastro de tristeza y desamparo en amplias capas de la población.

Los Estados más afectados por la crisis han mostrado con toda claridad los perniciosos efectos que este drama sanitario y económico tiene sobre la sociedad. Los sistemas de salud del Sur de Europa se encuentran colapsados con objeto de salvar el mayor número de vidas. Gracias a esta tragedia se ha abierto un debate sobre el rol del Estado y la Sociedad Civil en situaciones de riesgo.

Las primeras reacciones motivaron un protagonismo excesivo por parte de las autoridades estatales. Durante el mes de marzo de 2020, la mayor parte de los estados centralizaron funciones y concentraron poder con el objetivo de controlar el fenómeno. Sin embargo, parece que las soluciones centralizadas no han sido funcionales. De hecho, se observa que aquellos países que han apostado por la policentricidad, dejando actuar con libertad tanto a ciudadanos (a la hora de comprar y vender) como a gobiernos locales, autonómicos o federales, han tenido más éxito. Alemania, a pesar de su elevado número de contagios, muestra unas cifras de fallecidos relativamente bajas en comparación con sus vecinos del sur de Europa. Corea del Sur, con su sistema de provisión de salud universal a través de seguros y hospitales privados, en plena cooperación con el Estado, también ha reaccionado adecuadamente a esta crisis provocada por el COVID 19. Lo mismo ha sucedido en Singapur. Una primera conclusión que deberíamos tener presente es: El Estado no puede actuar eficazmente sin la intervención de la sociedad civil y las diferentes empresas e instituciones que la componen. Además, los individuos debemos ser responsables y conscientes de la amenaza que enfrentamos. De nuestro actuar, depende la salud pública de la comunidad.

Los emprendedores aseguran el abastecimiento de productos de primera necesidad y sanitarios. Son ellos, quiénes conocen las cadenas de distribución logística y el mercado internacional, los que facilitan el acceso ciudadano y gubernamental a la tecnología que nos arma frente a la amenaza del virus. Por todo lo anterior, nuestro agradecimiento, pues parece que sin dichos productos ni el personal sanitario ni el resto de servicios que se encargan de nuestra seguridad, podrían operar en unas mínimas condiciones de confianza y certeza.

Pero esta crisis, además, esta abriendo un debate que vas más allá de todo lo vinculado a gestión de pandemias y abastecimiento de productos sanitarios y de primera necesidad.

Nuestra estructura de Derechos y Libertades también se encuentra en riesgo. El confinamiento, la reducción en nuestra libertad de expresión y asociación y la crisis económica que definitivamente llegará una vez superemos el drama sanitario, ha servido como ventana de oportunidad para que determinados Estados discutan medidas que atentan contra los Derechos y Libertades individuales. Todo aquel que crea en la Libertad debe posicionarse en contra de estas acciones y actitudes si no quiere salir de este dramático proceso con varias de nuestras libertades cercenadas.

Por todo ello, las organizaciones participantes manifestamos:

1. Nuestro compromiso con la defensa de la transparencia y la eficacia en la gestión del gasto público. Es nuestro dinero y estaremos vigilantes.
2. Nuestro apoyo incondicional a los profesionales de la salud. Sin duda, son fundamentales para la superación de la crisis sanitaria.
3. Nuestra defensa de la libertad de empresa en tiempos de crisis. Los emprendedores son agentes que promueven cambios y garantizan el abastecimiento básico. Los países necesitan emprendedores y empresas si quieren superar la crisis económica que llegará despué
4. Nuestra defensa de la Libertad de Prensa y de la Libertad de Expresión. Los individuos deben tener la capacidad de elegir, libre y voluntariamente, el medio de comunicación a través del cual deciden obtener información. Al mismo tiempo, los medios de comunicación deben ser responsables en la producción y distribución de la citada información. Lo anterior no debe ser óbice para promover la censura en ninguna de sus formas. La censura, tampoco debe ser justificada con objeto de intervenir y limitar nuestra capacidad para expresar ideas en las distintas redes sociales y medios digitales.
5. Nuestra defensa de la promoción de políticas fiscales que faciliten la recuperación del tejido empresarial y productivo en el mediano plazo.
6. Nuestra defensa de la ciudadanía y de las organizaciones que componen la Sociedad Civil. Con ellas y gracias a los valores occidentales que sirven de sustento, saldremos de esta crisis como en otras ocasiones. Las distintas organizaciones, desde las asociaciones locales hasta los grandes think tank, deberían ser herramientas esenciales para facilitar la toma de decisiones en los distintos niveles.

¡Juntos somos más fuertes!